El rigor fiscal prometido por el presidente Abelardo de la Espriella choca con las necesidades de infraestructura del departamento, especialmente con la esperada Variante de San Gil. ¿Cómo equilibrar las cuentas nacionales sin sacrificar el desarrollo regional?
A poco más de dos meses de haber asumido las riendas de la Casa de Nariño, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran prueba de fuego en el Congreso de la República: la definición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Con una cifra que ronda los 634,9 billones de pesos, la propuesta del Ejecutivo trae un mensaje claro y contundente desde el Ministerio de Hacienda: austeridad, recorte de gastos suntuarios y reorientación del gasto público.
Sin embargo, esta “tijera” presupuestal, aplaudida por los mercados y los sectores que exigen disciplina fiscal, ha encendido las alarmas en varias regiones del país. En el caso de Santander, el debate trasciende la aritmética macroeconómica y se convierte en un pulso político por el desarrollo territorial, teniendo como principal escenario una de las obras más anheladas por los santandereanos: la Variante de San Gil.
El “Tigre” y la doctrina del ahorro
Desde que inició su mandato el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha hecho de la austeridad su principal bandera. La herencia dejada por la administración anterior, sumada a los retos fiscales del país, ha obligado al nuevo gobierno a plantear un presupuesto de “emergencia y orden”. La directriz es clara: reducir el tamaño del Estado, limitar los gastos de funcionamiento y priorizar la inversión social y de seguridad.
No obstante, en los pasillos del Capitolio Nacional, los congresistas y gobernadores de la región santandereana advierten que el ahorro no puede convertirse en un freno para la inversión pública. Santander, siendo uno de los motores económicos, turísticos y comerciales de Colombia, requiere de infraestructura vial para mantener su competitividad, y es aquí donde el presupuesto de 2027 muestra sus primeras fricciones.
La Variante de San Gil: El elefante blanco de la austeridad
Para los habitantes de la provincia de Guanentá, la Variante de San Gil no es solo una carretera; es una deuda histórica. Este megaproyecto, diseñado para desviar el tráfico pesado y de largo recorrido que hoy asfixia al casco urbano de este icónico municipio turístico, es vital para la seguridad vial, el medio ambiente y la economía local cuando uno de sus principales renglones económicos es el turismo.
Sin embargo, los primeros borradores del PGN 2027 sugieren que la Nación no cuenta con la liquidez inmediata para financiar la totalidad de la obra. La postura del Ministerio de Hacienda es que, en un escenario de ahorro obligatorio, las obras de impacto regional deben buscar viabilidad a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) o recursos del Sistema General de Regalías (SGR), descargando una mayor responsabilidad financiera en las administraciones locales.
Esta postura ha generado un fuerte malestar en la clase política santandereana. Alcaldes, diputados y líderes gremiales argumentan que exigirle a la región que asuma el costo de una obra de envergadura nacional, en medio de un presupuesto de austeridad, es un contrasentido. “No podemos pagar los platos rotos de la disciplina fiscal con el estancamiento de nuestras vías”, señaló recientemente un vocero del gremio de transportadores y comerciantes de la región.
Un termómetro político para el nuevo gobierno
El debate sobre la Variante de San Gil y el presupuesto para Santander se ha convertido en un termómetro para medir la capacidad de negociación del gobierno De la Espriella. Por un lado, el Ejecutivo no puede dar marcha atrás en su promesa de campaña de sanear las finanzas públicas y enviar un mensaje de responsabilidad fiscal. Por el otro, ceder ante las presiones regionales sin ofrecer alternativas claras podría costarle caro en términos de gobernabilidad, especialmente en un departamento que históricamente ha sido determinante en la política nacional.
Mientras las comisiones económicas del Congreso continúan depurando los últimos detalles del PGN 2027, la tensión en Santander va en aumento. El gobierno central asegura que “el ahorro de hoy es la estabilidad de mañana”, pero los santandereanos se preguntan si ese ajuste fiscal tendrá que pagarse con la postergación indefinida de las obras que su territorio necesita para seguir creciendo.